Ignacio Cáceres lleva más de dos décadas en su tarea como ingeniero dentro de la función pública. Desde su departamento, dentro de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta, desarrolla proyectos relacionados con la seguridad industrial de las empresas que se ubican en nuestra comunidad.

¿Antes de terminar tu carrera en la Escuela de Sevilla te decantaste, en alguna ocasión, por trabajar para el Estado?

Pues la verdad es que durante los estudios nunca me había planteado como salida profesional la administración pública, siempre había pensado en el sector privado. Mi entrada en la administración fue un tanto casual, y es que justo cuando finalicé mi proyecto fin de carrera salió una oferta que me pareció atractiva para trabajar en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Con el paso de los años, y aunque alguna vez me planteé el paso a la privada, tomé ya la decisión de seguir en el sector público. Me presenté a las oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros Industriales de la Junta de Andalucía y tuve la suerte de coger la plaza.

¿Es muy diferente el trabajo del ingeniero frente a la administración al que puede desarrollar en el ámbito privado?

En términos generales, entiendo que sí, por las diferencias tanto en lo que se refiere al objeto de nuestras actividades como al marco legal en que se desarrollan.

Hay que tener en cuenta que, en concreto en el ámbito de la seguridad industrial, nuestra función es precisamente la ordenación y control de actividades industriales desarrolladas por empresas privadas en las que en gran medida trabajan los ingenieros industriales. Y que nuestra actuación tiene que ajustarse en todo momento a lo que establece la reglamentación sectorial, así como al procedimiento administrativo.

“Llevamos ya varios años inmersos en un proceso de evolución hacia un nuevo esquema de seguridad industrial, proceso que en mi opinión se está alargando demasiado. Y sería deseable para todo el sector que concluyese cuanto antes”

¿Cómo llevas la coordinación, desde tu puesto como jefe del Servicio de Industria en la Junta, en los temas de prevención y seguridad industrial?

La mayor parte de los procedimientos administrativos en materia de industria, salvo en lo relativo a automoción y a instalaciones radiactivas, se tramitan por parte de nuestras delegaciones territoriales. Por ello, una parte muy importante de nuestro trabajo en el Servicio de Industria es el establecimiento de instrucciones y criterios a esas delegaciones para el desarrollo de sus funciones y de su coordinación.

Esta labor de coordinación es especialmente importante en Andalucía. Al ser una comunidad autónoma muy extensa y con 8 delegaciones, se ha venido siempre reclamando esta tarea por parte del sector industrial. Y aunque esta labor de coordinación es a menudo complicada por la cantidad de personas implicadas y la envergadura y complejidad de la normativa en la que tenemos competencia, las nuevas tecnologías de información y comunicación nos han ayudado en esta tarea en los últimos años, tanto en la implementación de herramientas informáticas de tramitación, que facilitan la uniformidad de actuación, como en los canales de comunicación con las delegaciones.

Una labor, también importante para esa coordinación, es la interlocución con el sector, a través de los colegios y asociaciones correspondientes, para conocer sus problemas, demandas y opiniones. Y con el resto de administraciones públicas que, de una manera u otra afectan a nuestra actividad, tanto de la Administración General del Estado como de la Junta de Andalucía y de otras comunidades.

¿Cómo ha ido avanzando Andalucía en materias de prevención dentro de la actividad industrial?

En Andalucía, como en el resto de España, el esquema de la seguridad industrial ha sufrido en los últimos años una revisión sustancial con motivo principalmente de la transposición de la Directiva de Servicios a la legislación española, transposición que fue incluso más allá de lo que establecía la propia directiva europea.

Veníamos de un sistema estable y consolidado, configurado por la Ley 21/1992, de Industria, y sus reglamentos de desarrollo, en el que además de la Administración intervenían una serie de agentes (técnicos competentes, instaladoras, conservadoras, organismos de control, etc.) con funciones y responsabilidades definidas y con un determinado régimen de acceso y ejercicio de la actividad. Esta normativa ha sido modificada en el citado proceso de transposición, y si bien se han mantenido los agentes que intervienen en el sistema de garantía de la seguridad industrial, han cambiado completamente el régimen de funcionamiento de los mismos y el control de su actividad por parte de la Administración. Así, la gran mayoría de los regímenes de autorización para acceder al ejercicio de esas actividades han sido sustituidos por la presentación de declaraciones responsables. Y nuestra función de control previo al inicio de la actividad ha sido, por tanto, desplazada hacia un control a posteriori.

Lógicamente la implantación de este nuevo esquema ha requerido un notable esfuerzo de adaptación por parte de todo el sector industrial y la Administración.

Se trata además de un proceso que todavía no ha concluido, ya que tenemos pendiente la efectiva implantación de la reciente Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que puede tener efecto en el sector industrial, y la aprobación de la anunciada Ley de Servicios Profesionales, que tanto impacto puede tener en la actividad de los ingenieros industriales y del resto de ingenierías. Además, del efecto de las sentencias judiciales recaídas en los últimos años sobre las citadas modificaciones de la normativa de seguridad industrial y las que puedan recaer en el futuro, ya que no ha sido, en ningún caso, un proceso pacífico.

En definitiva, llevamos ya varios años inmersos en un proceso de evolución hacia un nuevo esquema de seguridad industrial, proceso que en mi opinión se está alargando demasiado. Y sería deseable para todo el sector que concluyese cuanto antes.

¿Hay concienciación real sobre la importancia de la seguridad en la industria?

Mi percepción es que tanto la sociedad en general, como el sector industrial en particular, está cada vez está más concienciado sobre la importancia de la seguridad y de sus beneficios de distinta índole (social, económica, empresarial, etc)

Pero también es cierto que esta seguridad conlleva unos costes, al menos a corto plazo, que con frecuencia, y más en situaciones económicas como la actual, disuaden del cumplimiento de las obligaciones reglamentarias en materia de seguridad.

Por ello es fundamental la labor inspectora y, en su caso, sancionadora, que tiene encomendada la Administración.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo en las que estás trabajando actualmente dentro de la Junta?

Una de ellas es culminar el proyecto de simplificación y agilización administrativa que iniciamos hace unos años y que tiene como objetivo final la eliminación de trabas y controles administrativos previos para favorecer la actividad económica en general, y la industrial en particular, que tan necesaria resulta en estos momentos. Uno de los hitos principales de este proceso tuvo lugar en el pasado año, cuando pusimos en servicio los tramitadores telemáticos HAPR y PUES, que permiten tramitar de manera inmediata y por vía electrónica, cualquier día y hora del año, el acceso a actividades de servicios industriales y la puesta en funcionamiento de todo tipo de instalaciones industriales y energéticas. Estos nuevos procedimientos han supuesto una agilización tremenda en los trámites en materia de industria, con lo que ello supone de  ahorro de costes y recursos para el sector y de dinamización económica. Y muestra de la buena acogida que han tenido por parte del sector es que aproximadamente un 95% de las puestas en servicio de instalaciones se están presentando por vía electrónica, superando nuestras previsiones.

Y otra línea igual de importante, ya que está asociada a la eliminación de controles administrativos previos que este proceso de simplificación y el nuevo marco legal han supuesto, y a la necesidad de que esto no conlleve una merma de la seguridad industrial, es la reorganización de la actividad de control de esta Administración para reforzar y mejorar la actividad inspectora a posteriori. Actividad inspectora que, además de su objetivo de salvaguarda de la seguridad industrial que afecta a toda la sociedad, nos demanda con frecuencia el propio sector industrial como defensa contra la competencia desleal de aquellos que no cumplen los requisitos reglamentarios aplicables.

En definitiva, lo que persiguen estas líneas de trabajo es favorecer al máximo la actividad de aquellos que cumplen la normativa, eliminando o reduciendo las trabas administrativas a esa actividad, manteniendo al mismo tiempo un sistema eficiente de supervisión que sancione convenientemente a los incumplidores.