Juan Manuel González
Director de Operaciones del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
La innovación es la transformación del conocimiento en valor, es decir, cambiar las cosas para que funcionen mejor. La innovación mejora las condiciones de vida de las personas, también de las instituciones, públicas o privadas. Países en los que la innovación es una enseña nacional, como Noruega, Australia o Suiza, lideran, por este orden, la clasificación mundial elaborada por Naciones Unidas (PNUD) del índice de desarrollo humano (IDH), indicador que tiene en cuenta la esperanza de vida, el nivel de alfabetización y la renta per cápita de un país.
La OCDE afirma, en un estudio, que un 85% de las empresas en las que existe un fuerte imperativo tecnológico siguen en pie tras diez años de funcionamiento, mientras que un 80% de las que recurren a tecnologías convencionales desaparecen al transcurrir solo dos años de existencia.
Los países y las regiones innovadoras lideran el mapa geoestratégico actual, sus sistemas económicos resisten mejor los envites de la crisis, gozan de un mayor bienestar social y están mejor preparados para afrontar el progreso. Japón, con una tasa de desempleo de tan solo el 3,3%, es el país con menor paro del mundo, ocupando el quinto puesto en cuanto a la inversión en materia de innovación, según informe del World Economic Forum en su publicación ‘Global Competitiveness Report’.
A cambio, la innovación exige asumir riesgos, aceptar cambios, integrar la creatividad como herramienta habitual de trabajo, y tomar decisiones en escenarios de mayor incertidumbre, obligando a abandonar el seductor círculo de confort.
En Europa, la Comisión viene trabajando en ayudar a resolver los problemas que pueden suponer integrar un modelo de innovación en las instituciones, públicas y privadas, consciente de que solo así podrán alcanzarse los retos planteados en este horizonte de programación hasta 2020, año para el que se espera reducir el desempleo, los problemas de contaminación ambiental, el abandono escolar, o la exclusión social.
En este contexto, Andalucía sabe que cuenta con el apoyo de Europa para reforzar su estrategia de innovación, pero también conoce los retos que le esperan. El progreso ha supuesto que pase a ser una ‘región de tránsito hacia una región de competitividad’, abandonando su condición de ‘región de convergencia’, lo que supondrá una menor llegada de fondos comunitarios. Por otra parte, las consecuencias de la crisis han llevado a ocupar el segundo puesto en el ranking del desempleo en España, con una tasa de paro del 29,8% sobre la población activa.
El Programa Operativo de Andalucía se diseña como instrumento capaz de reorientar el modelo productivo para favorecer un crecimiento económico capaz de superar la crisis económica y generar empleo estable y de calidad. En este nuevo marco, la intensidad presupuestaria del objetivo de I+D+i pasa del 6,8% anterior al 14,8%, con objeto de situar el gasto en I+D+i en el 2,2% del PIB para 2020. Europa ha establecido un 3% para 2020 y España el 2%.
OBJETIVO 2020: RIS3 ANDALUCÍA
En cuanto al sector privado, si bien el porcentaje de empresas andaluzas sobre el total nacional es del 15%, en el período comprendido entre 2012 y 2014, solo un 10,2% de las empresas que hicieron actividades innovadoras en España las realizaron en Andalucía, según el INE. Este porcentaje baja hasta el 7,9% para las empresas que llevaron a cabo innovación de producto, siendo un 11,5% sobre el total nacional para las que acometieron innovación de proceso. Por su parte, la intensidad innovadora de las empresas andaluzas se situó en el 0,70% en 2014, por debajo de la media nacional, que obtuvo un rendimiento en esta materia del 0,89%.
En este contexto, Andalucía ha definido su estrategia de innovación de 2014 a 2020, la llamada RIS3 Andalucía, que pretende ser un instrumento de ordenación y coordinación de los diferentes programas existentes en favor de la I+D+i. Se trata de rentabilizar al máximo la aplicación de los recursos públicos, tratando de resolver los principales retos para este período: mejorar el crecimiento económico, reducir el desempleo, ganar en tasas de competitividad, mejorar la educación, reducir la exclusión social y avanzar hacia una región más sostenible.
Para ello, la comunidad autónoma cuenta con un bien dotado Sistema Andaluz del Conocimiento, con 10 universidades públicas, 2.272 grupos de investigación, 37 organismos públicos de investigación, 11 centros de investigación, 1 instituto de investigación, 11 parques tecnológicos y 22 centros tecnológicos. Aun así, el porcentaje de empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con universidades y centros tecnológicos en Andalucía en 2012 era del 17,9%, cifra que está por debajo de las relaciones de cooperación entre empresas y centros de I+D+i de España y Europa.
Andalucía ha sido pionera en implementar pilotos para las nuevas certificaciones de Pyme Innovadora y Joven Empresa Innovadora (JEI), que permitirán dirigir mejor los incentivos fiscales por inversión en I+D+i. Instituciones andaluzas ostentan la presidencia de los comités europeo y nacional, donde se elaboran las normas sobre los modelos de gestión para la I+D+i, esquemas que ayudan a las empresas e instituciones a definir más eficientemente sus sistemas de gestión de la innovación.
La necesidad de avanzar en la puesta en valor de toda esta infraestructura es evidente. La urgencia de articular nuevos programas que incentiven medidas en favor de la innovación es incuestionable. Invertir en I+D+i es rentable, así lo explica el círculo virtuoso de la innovación, donde el retorno al sistema, si se adoptan las políticas adecuadas, está asegurado, generando una espiral de progreso que Andalucía no puede, ni debe, despreciar.
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