Luis Manuel Tomás: «Las reformas universitarias posteriores al Plan de 1975 están poniendo en serio peligro el perfil multidisciplinar y versátil de nuestros egresados”

La revista Ingeniería Industrial entrevista a Luis Manuel Tomás Balibrea, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España.

Luis Manuel Tomás Balibrea ha sido, hasta ahora, el presidente más joven de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. Es investigador y profesor titular en la Universidad de Murcia, ocupando hace algunos años la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Cartagena y el cargo de director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Murcia (OTRI).

Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia y presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia. En su amplia trayectoria profesional ha ocupado la vicepresidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. Además, en 2003, recibió el Premio Nacional de la Ingeniería Industrial a los Medios de Comunicación, por la dirección de INFOTEC, programa de TV dedicado a la difusión tecnológica.

¿Cree que los futuros estudiantes universitarios están bien informados sobre los estudios universitarios existentes?

Una elevada mayoría de quienes ingresan en la universidad, lamentablemente, eligen estudios con gran desinformación. Nadie les ilustra en las diferencias e interrelaciones que existen entre título universitario y ejercicio profesional. El proceso de Bolonia ha derivado en una eclosión de la oferta universitaria en España, con actualmente más de 1.500 titulaciones, con denominaciones diferentes, de grado y máster, solo en el área de Ingeniería y Arquitectura. Pero los alumnos desconocen que más del 90% de las titulaciones actualmente ofertadas por las universidades no habilitan para el ejercicio de profesión alguna. Como profesor de Ingeniería Química, he tenido la ocasión de comprobar cómo llegan alumnos a último curso de la carrera desconociendo que, de ingenieros, tan solo tienen la denominación en un título universitario, pero que no pueden ejercer ni la profesión ni las atribuciones reservadas por la legislación a los ingenieros.
Por eso califico de ‘acciones preferentes universitarias’ a los títulos universitarios con denominación de ingeniero que, por el contrario, no habilitan para el ejercicio de profesión alguna de ingeniero. La creatividad universitaria puede dar lugar a denominaciones muy variopintas, pero las profesiones de Ingeniería tan solo son las que aparecen relacionadas en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008.

¿Qué opina sobre la estructura de los estudios universitarios actuales tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en España?

En primer lugar conviene aclarar que, contrariamente a lo que algunos manifiestan, el proceso de Bolonia no surgió para homogeneizar los estudios universitarios en Europa, sino tan solo para hacer posible su comparabilidad. Los gobernantes del momento hicieron creer a la sociedad española que Bolonia requería una completa reestructuración
de las carreras universitarias para converger con Europa, adoptándose la decisión de que los nuevos grados, excepto aquellos con Directiva Europea, durasen cuatro años. Eso fue un disparate, pues no hay razón alguna que justifique que
los conocimientos que se precisan adquirir en Turismo, Enfermería, Filosofía o Ingeniería requieran los mismos años de estudios universitarios. La realidad es que hoy existen estudios universitarios en los que los alumnos cursan innecesariamente un año más, mientras que en otros, con una duración de cuatro años, es imposible abordar los contenidos requeridos para su ejercicio profesional. Y ese es el caso de los que habilitan como Ingeniero Industrial. Resulta paradójico que existiendo en España, antes de la implantación de Bolonia, una estructura en los estudios universitarios de Ingeniería, completamente adaptada a la actual convergencia europea, un 3+2, fuéramos gubernamentalmente obligados a reconducirlos a un grado, de cuatro años, seguido de un máster habilitante para el ejercicio de las profesiones de Ingeniero de nivel superior. Grados de cuatro años que constituyen en la actualidad la principal causa de divergencia de nuestro sistema universitario con el de la mayoría de los países europeos, causando perjuicios y conflictos a diferentes colectivos, así como una elevada ineficiencia.

¿Qué repercusiones ha tenido este nuevo sistema de formación académica en los estudios de Ingeniería?

Hay quienes intentan confundir a la sociedad manifestando que con Bolonia se han fusionado los dos niveles de ‘Ingeniería Técnica’ e ‘Ingeniería’ en uno solo y que ahora ambos profesionales son lo mismo. Eso es rotundamente
falso. Al igual que a nadie se le ha ocurrido confundir a los profesionales de ‘Enfermería’ con ‘Medicina’
o a los de ‘Arquitectura Técnica’ con ‘Arquitectura’, ni mucho menos proponer la integración de estas profesiones
en unos únicos estudios universitarios. Sin embargo, parece que hay quien sí camina en la dirección
de pretenderlo con las profesiones de ‘Ingeniero’ e ‘Ingeniero Técnico’. Esto es algo que nos preocupa especialmente
cuando observamos que hay políticos, con las ideas muy poco claras y un gran desconocimiento, que pretenden legislar en el sentido de contribuir más a acrecentar esta confusión. Creo que España puede, y debe, contribuir a Europa. Si resulta que la Ingeniería Industrial es una de las no muchas titulaciones del sistema universitario español que gozan de una amplia demanda tanto por parte de las empresas, a nivel nacional e internacional, como de los estudiantes, además de ser clave para el desarrollo industrial de nuestro país, quizás eso signifique que nuestra formación universitaria -al menos antes de la llegada de Bolonia- no estaba solo orientada hacia el utilitarismo, sino también que era completa, compleja, profunda, generalista y cimentada sobre una amplia base científico-tecnológica.

Los grados en Ingeniería de la rama Industrial, que habilitan para el ejercicio de profesión de Ingeniero Técnico Industrial en el ámbito de una especialidad, no constituyen la base de la estructura racional de asimilación de conocimientos que se precisa para la formación de un Ingeniero Industrial. Como alerta la Real Academia de Ingeniería, no es posible compaginar el desplazamiento de determinados contenidos básicos de los primeros cursos de la carrera de Ingeniero hacia más adelante, ante la necesidad de dejar paso a asignaturas más utilitaristas, imprescindibles para un ejercicio profesional de la Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad para la que habilitan. Los hechos evidencian que dichos contenidos básicos y de gran relevancia han ido rebajándose, e incluso desapareciendo progresivamente. Para intentar paliar la situación, ante la imposibilidad de poder disponer de un plan de estudios de más de cuatro años de duración, no quedó más remedio que inventarse el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI), sin atribuciones profesionales, que hoy constituye la vía óptima para quienes tienen claro que desean formarse de la manera más adecuada y coherente posible para ejercer en el futuro con las capacidades de un Ingeniero de nivel superior, cuyas competencias y atribuciones adquirirán tras cursar los estudios de máster en Ingeniería Industrial.

Si la legislación vigente posibilita que la duración de un máster de Ingeniería Industrial pueda oscilar entre 60 y 120 créditos, ¿por qué desde el Consejo General están recurriendo judicialmente aquellos másteres de menos de 120?

En primer lugar porque precisamente en junio del año 2009 se alcanzó el acuerdo entre la Conferencia de Directores de ETSII y nuestras organizaciones profesionales por el cual la duración del máster debía ser de 120 ECTS para posibilitar la adecuada adquisición de las competencias requeridas para el ejercicio de nuestra profesión. Se trata de una cuestión que, si bien ha sido respetada por algunas universidades, no lo ha sido en otras en las que parecen haber primado las rebajas en duración frente al rigor y la calidad formativa. Estas últimas se lanzaron a diseñarlas con un inferior número de créditos, intentando así atraer a alumnos bajo el argumento de su menor duración.

En este sentido, son particularmente preocupantes los programas de las universidades de Cantabria, con 72 ECTS, e Islas Baleares, con 78 ECTS, que, conforme a lo manifestado por el propio secretario general de Universidades en la comparecencia que el 24 de abril de 2013 tuvo ante la Comisión de Educación del Congreso, no resultarán equiparables en el Espacio Europeo de Educación Superior por tener menos de 90 ECTS. Esto podría suponer, en un futuro, serias dificultades para poder ejercer profesionalmente como Ingeniero en el extranjero.

Por otro lado, estamos firmemente convencidos de que los planes de estudio que conducen al ejercicio de profesiones reguladas no pueden ser exclusivamente diseñados desde el ámbito académico, sin requerir la colaboración de profesionales.

Recientemente, representantes del colectivo de Ingeniería Técnica han advertido a los estudiantes de los peligros de cursar estudios de grado que no habilitan para el ejercicio profesional. ¿Afectan también a los estudiantes del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales?

Debemos distinguir entre los estudios que no conducen al ejercicio profesional, pero que suponen la vía más adecuada para recibir la formación y el acceso a los que sí conducen al ejercicio profesional del Ingeniero Industrial -caso del GITI-, y los que simplemente son ‘acciones preferentes universitarias’. Este último caso no conduce a ejercicio profesional alguno. Pueden tener la tranquilidad todos aquellos estudiantes que están cursando un GITI de que han elegido la mejor vía posible si lo que desean es acabar ejerciendo como Ingenieros Industriales.

Si esto es así, ¿por qué impugnaron judicialmente entonces el GITI de la Universidad de Cádiz?

Muy sencillo: porque no se puede emplear la denominación de algo para lo que simplemente no lo es, generando confusión social. Las universidades de Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria, en lugar de verificar un grado por cada especialidad de Ingeniería Técnica Industrial, verificaron ante ANECA un título con la denominación de GITI, pero que habilitaba para el ejercicio de las cuatro profesiones de Ingeniería Técnica Industrial, dependiendo de la especialidad elegida. Esto generaba una doble confusión a efectos profesionales. Por una parte, una misma denominación, GITI, daba lugar a cuatro profesiones diferentes y, por otra, esa denominación en el resto de escuelas de España no otorgaba atribución profesional alguna, ya que fue diseñado como vía óptima de acceso al máster de Ingeniería Industrial. Tanto los Tribunales Superiores de Justicia, como posteriormente el Tribunal Supremo, ratificaron nuestras tesis y hoy ambos títulos se encuentran anulados por resolución judicial. Por tanto, en este momento, todos los estudios de GITI que existen en España no habilitan para el ejercicio de profesión alguna.

¿Y qué título se va a expedir ahora a los alumnos que cursaron las asignaturas de ese GITI en nuestra Universidad de Cádiz?

Ese es un problema que debe resolver la Universidad. Pero, desde luego, estaremos muy vigilantes porque lo que no vamos a permitir es la fórmula de ‘Títulos a la Carta’ que algún dirigente universitario expuso en el mes de marzo en los medios de comunicación, mediante la cual, tras la defensa del Proyecto Fin de Grado, sería el estudiante quien, libremente y con independencia de las asignaturas cursadas, decidiría si quiere titularse como GITI o como graduado en Ingeniería Mecánica, o en Eléctrica, o en Electrónica Industrial.

Si en la Universidad no queda el sentido común necesario para entender que existe una implicación entre las asignaturas cursadas y el título expedido al egresado, recurriremos a las instancias que sea preciso para proteger a la ciudadanía de la existencia de profesionales que no habrían adquirido la totalidad de competencias que la legislación exige para la expedición de los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Ingeniero Técnico.

Manifiesta que el GITI es la vía óptima para acceder al máster de Ingeniería Industrial pero tampoco lo garantiza. ¿Cómo es esto posible?

Yo lo que me pregunto es cómo es posible que quienes son responsables de la formación de estudiantes de grados especialistas ahora esgriman que se está discriminando a sus estudiantes porque algunas universidades, lógicamente, han optado por priorizar la admisión al máster de Ingeniería Industrial de quienes se decantaron por la elección de la vía más óptima para su formación como Ingenieros Industriales: el GITI. ¿No será más bien que algunos, erróneamente, vendieron a sus estudiantes que la legislación establecía que todos tenían acceso al máster?
Hace más de un año ya advertimos a los directores de nuestras escuelas del problema de admisión que presenta la actual estructura de ‘grado más máster’. El artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades establece que el acceso a los estudios universitarios debe sustentarse en los principios de mérito, capacidad y concurrencia, motivando que pueda ser puesto en entredicho, desde el punto de vista legal, lo que alguna universidad ha planteado de priorizar en el acceso al máster de Ingeniería Industrial a los estudiantes del GITI que lo han cursado en su escuela. Personalmente creo que eso no resultaría compatible ni con el espíritu de Bolonia, ni tampoco con la legislación vigente.

¿Y no existe ninguna fórmula para garantizar que los estudiantes que inician estudios universitarios para formarse como ingenieros industriales puedan acabar obteniendo esas competencias?

Lo diré de la forma más breve que se me ocurre: el actual sistema de ‘grado más máster’ es inadecuado para la formar a Ingenieros Industriales. La autonomía universitaria, combinada con un exceso en la flexibilidad del modelo, una proliferación de universidades, la competencia entre las mismas por captar alumnos de los entornos próximos (mediante la oferta de los estudios de la menor duración y coste posible) y unos mecanismos de acceso más relajados han derivado en que, en algunas universidades, en el primer curso del máster de Ingeniería Industrial confluyan perfiles de
estudiantes absolutamente dispares entre sí.

Esto motiva que, en la realidad, sea materialmente imposible que los contenidos puedan planificarse para obtener el máximo aprovechamiento de las capacidades de los estudiantes procedentes del GITI. Además, existen universidades que han decidido no apostar por la implantación de este grado, de tal forma que nutren sus estudios de máster de Ingeniería Industrial exclusivamente desde grados especialistas, incluso sin complementos de formación algunos; y otras que directamente permiten un acceso directo de Ingenieros Técnicos, con independencia de la especialidad. Paradójicamente, itinerarios tan distintos acaban todos por igual, posibilitando la emisión de un mismo título que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. La reducción drástica en contenidos, duración y calidad formativa de los actuales egresados de estudios de ‘grado más máster’, respecto a los licenciados, ingenieros o arquitectos preBolonia, lleva a concluir que la formación universitaria española está alcanzando niveles inadmisibles, alejándose del nivel de rigor, calidad y excelencia requeridos por cualquier país con verdaderas pretensiones de promover un cambio de modelo productivo basado en la I+D+i.

En definitiva, las reformas universitarias, emprendidas en nuestros estudios universitarios con posterioridad al Plan de 1975, y especialmente con la degradación en su adaptación al EEES, están poniendo en serio peligro que nuestros egresados puedan seguir manteniendo ese perfil mutidisciplinar y versátil, que los ha caracterizado, origen de su alta empleabilidad. Si perseveramos en no programar una actuación urgente, asistiremos al colapso de los cimientos que sustentan el ya de por sí frágil edificio de nuestra industria española.

¿Y cómo podría corregirse esta situación?

Posibilitando la implantación, con carácter de urgencia para los estudios que habilitan para la profesión de Ingeniero, de un programa de grado+máster integrado, de 360 créditos. Se trata de una fórmula que no solo llevamos tiempo demandando desde las organizaciones profesionales al Ministerio de Educación, sino que explícitamente apareció incluida en las recomendaciones contempladas en el informe presentado en febrero de 2013 por el Comité de Expertos
para la Reforma del Sistema Universitario.

También debería definirse un catálogo de títulos habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, con el objetivo de poner fin al actual caos de denominaciones existentes que, como hemos comentado, derivan en situaciones de confusión social ante las que nos estamos viendo obligados a recurrir a los tribunales de justicia. Asimismo, debería reconfigurarse la estructura de las enseñanzas universitarias en España, para facilitar su convergencia con la inmensa
mayoría de los países europeos a un 3+2. Solo entonces sería posible, sin generar ningún tipo de discriminación,
establecer la correspondencia de los títulos de diplomado, arquitecto técnico e ingeniero técnico al nivel de grado.